La Ley Nº 20.285, de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información, que entró en vigencia el lunes 20 de abril de 2009, regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.
Esto quiere decir que todas esas instituciones deben asegurar el acceso expedito a diversos documentos y antecedentes, que se relacionan con emuneraciones de empleados fiscales, tipo de contratación, beneficios que recibe y los detalles de las compras públicas y contratación de bienes muebles y servicios que realicen.
Estos datos deben ser actualizados todos los meses en los sitios web de los organismos del Estado y las municipalidades, al igual que su estructura orgánica, nóminas de sueldo, facultades y funciones.
Asimismo, las entidades estatales están obligadas a responder en un plazo de veinte días hábiles (prorrogables en 10 días más en casos justificados) a quienes les soliciten informaciones respecto a los temas ya mencionados.
La Ley fue aprobada en el Congreso en enero de 2008 y en agosto de ese año fue promulgada por la Presidenta Bachelet y publicada en el Diario Oficial .
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